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El 13 de febrero de 2026, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, tuvo lugar la reunión constitutiva del "Programa de Memoria y Derechos Humanos" para coordinar las "50 acciones" por el 50° aniversario del golpe de Estado. En un contexto de "avasallamiento financiero y discursivo" sobre derechos humanos, tres referentes presentaron propuestas en nombre de la Mesa: Canela Álvarez (H.I.J.O.S.), Fernando Pequeño Ragone (Asociación Miguel Ragone) y Marcela Gutiérrez (Asociación Coca Gallardo).
Estas propuestas surgieron de conversaciones informales, no de un plenario formal. Este hecho plantea una tensión fundamental: ¿cómo construir representaciones legítimas sin procesos deliberativos explícitos? Para que la Mesa enfrente efectivamente el desafío del 50° aniversario, debe fortalecer sus mecanismos democráticos internos. La legitimidad externa ante la universidad requiere, primero, legitimidad interna entre organizaciones. Solo así la memoria colectiva será verdaderamente plural y democrática.
Síntesis:
Contenidos:
1.Introducción: Un encuentro crucial en tiempos de avasallamiento
2.La sombra de lo informal: democratización y representación en la Mesa
3.Las propuestas: tres miradas, una trinchera común
3.1.Canela Álvarez: Archivo, exilio y estética de la resistencia
3.2.Fernando Pequeño Ragone: Batallas culturales y subjetividades en disputa
3.3.Marcela Gutiérrez: El soporte institucional y la prevención
4.Convergencias y tensiones: el tejido complejo de la memoria colectiva
5.Conclusión: La memoria como praxis colectiva en el 50° aniversario
Llamadoa la acción: Hacia una memoria democrática y plural
1. Introducción: Un encuentro crucial en tiempos de
avasallamiento
El 13 de febrero de 2026, en la Sala de Reuniones de la
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), tuvo lugar
un encuentro que, más allá de su aparente formalidad institucional, representa
un acto de resistencia política y pedagógica. En un contexto nacional descrito
por los propios participantes como de "avasallamiento financiero y
discursivo" sobre el campo de los derechos humanos, quince personas se
reunieron para dar forma al "Programa de Memoria y Derechos Humanos",
orientado a coordinar las "50 acciones por los 50 años" del golpe de
Estado de 1976.
En ese encuentro tomaron la palabra tres representantes de
la Mesa de Derechos Humanos de Salta, cada uno aportando desde
institucionalidades diferenciadas pero convergentes: Canela Álvarez,
integrante de H.I.J.O.S. Salta y trabajadora de la UNSa, quien además
representa a la agrupación nacional de hijos e hijas del exilio; Fernando
Pequeño Ragone, referente de la Asociación Miguel Ragone y portavoz de las
cinco organizaciones históricas que conforman la Mesa; y Marcela Gutiérrez,
de la Asociación Coca Gallardo y colaboradora del Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura.
Esta configuración no es azarosa. La Mesa de Derechos
Humanos de Salta, como espacio de coordinación, evidencia en estos tres
interlocutores una pluralidad representativa fundamental: mientras comparten la
membresía común en la Mesa (su intersección institucional), cada uno
trae consigo afiliaciones complementarias que amplían el alcance político del
colectivo. Álvarez conecta con la militancia generacional de H.I.J.O.S. y las
redes nacionales del exilio; Pequeño Ragone articula la memoria familiar
directa de las víctimas con el trabajo territorial histórico; y Gutiérrez
vincula la lucha por la memoria del pasado con la vigilancia de derechos
humanos en el presente a través del mecanismo nacional de prevención de la
tortura. Esta diversificación —que incluye ONGs territoriales, centros
de documentación y organismos estatales de control— fortalece la capacidad de
incidencia de la Mesa, permitiéndole operar simultáneamente en múltiples
registros: el activismo callejero, la gestión académica, la articulación judicial
y la prevención contemporánea.
Sin embargo, como veremos, esta riqueza representativa
también plantea desafíos en términos de legitimidad interna y procesos
decisorios democráticos.
2. La sombra de lo informal: democratización y
representación en la Mesa
De la primera reunión en la incipiente mesa de trabajo del
Programa de Memoria y Derechos Humanos en la Universidad, se evidencia una
tensión estructural que merece ser problematizada: aunque las propuestas fueron
presentadas formalmente "en nombre de la Mesa de Derechos Humanos",
su génesis no provino de un plenario deliberativo formal, sino de
"conversaciones informales entre miembros". Esta situación, lejos de
ser anecdótica, nos interpela sobre los modos en que las organizaciones de
derechos humanos construyen legitimidad interna en contextos de urgencia
política.
Desde la perspectiva de la justicia transicional
desarrollada por Naomi Roht-Arriaza, sabemos que la efectividad de las
políticas de memoria depende no solo de su contenido sustantivo, sino de la
legitimidad procedimental de quienes las impulsan. Una Mesa de Derechos Humanos
que articula organizaciones con historias, culturas políticas y metodologías
diversas requiere mecanismos explícitos de toma de decisiones que eviten la
concentración del poder enunciativo en algunos referentes, por legítimos que
sean sus trayectorias personales.
El riesgo de este modelo informal es doble. Por un lado,
puede generar sensaciones de subrepresentación entre aquellos miembros
de organizaciones que no participaron de las conversaciones previas, incluso si
coinciden sustantivamente con las propuestas. José Bleger, desde el
psicoanálisis institucional, nos alertaba sobre cómo los "pactos
implícitos" —aquellos acuerdos no formalizados que organizan la vida de
las instituciones— pueden convertirse en fuentes de malestar cuando no son
explicitados y revisados colectivamente. Una organización puede sentir que su
voz fue "representada" sin haber sido efectivamente consultada, lo
que erosiona la confianza y la cohesión.
Por otro lado, existe el riesgo de legitimación externa
frágil: cuando un programa universitario o una instancia estatal solicita
el posicionamiento "de la Mesa", esperan que ese posicionamiento
refleje un proceso deliberativo robusto. La informalidad puede ser funcional en
contextos de movilización urgente, pero se vuelve problemática cuando se trata
de establecer alianzas institucionales de largo plazo, como la que aquí se está
construyendo con la UNSa.
¿Cómo fortalecer entonces la democratización interna sin
perder capacidad de respuesta? Desde una perspectiva de sostenibilidad
institucional, resulta imperativo implementar estrategias concretas:
1. Protocolo de representación escalonada: Establecer
que las propuestas que se presenten "en nombre de la Mesa" en
espacios institucionales externos requieren, como mínimo, la circulación previa
de un documento borrador entre todas las organizaciones miembro con un plazo de
72 horas para comentarios. Esto no implica unanimidad, pero sí garantiza que
todas las voces tengan oportunidad de ser escuchadas.
2. Plenarios híbridos trimestrales: Implementar
reuniones presenciales obligatorias cada tres meses, complementadas con
herramientas digitales (Google Meet, Zoom) que permitan la participación de
representantes que no puedan asistir físicamente. Estas reuniones deben tener
orden del día circulado con antelación y actas públicas.
3. Mecanismo de disenso constructivo: Crear un
protocolo que permita a cualquier organización miembro expresar un
"disenso parcial" con una posición mayoritaria, quedando registrado
en las comunicaciones oficiales. Esto enriquece la pluralidad sin paralizar la
acción colectiva.
4. Rotación de vocerías: Establecer que las
representaciones ante instancias externas (universidades, gobierno, medios)
roten entre diferentes organizaciones cada seis meses, evitando la
concentración de la función enunciativa en los mismos referentes.
5. Sistematización de memoria institucional: Crear un
archivo digital compartido donde queden registradas todas las propuestas,
deliberaciones y posicionamientos de la Mesa, permitiendo que nuevos miembros o
generaciones futuras puedan reconstruir el proceso histórico de toma de
decisiones.
Estas medidas no buscan burocratizar la militancia, sino
proteger la vitalidad democrática de una Mesa que, precisamente por su
pluralidad, requiere cuidados institucionales específicos. Como señala
Elizabeth Jelin en su trabajo sobre memorias colectivas, las organizaciones de
derechos humanos no solo custodian la memoria del pasado; también son
laboratorios de democracia en el presente.
3. Las propuestas: tres miradas, una trinchera
común
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3.1. Canela Álvarez: Archivo, exilio y estética de
la resistencia
La intervención de Canela Álvarez estructura su propuesta
desde una triple legitimidad: como militante de H.I.J.O.S., como hija del
exilio y como trabajadora técnica de la propia UNSa. Esta posición le permite
articular lo que denominaremos "soberanía documental": la necesidad
urgente de que la universidad se convierta en custodia de los archivos
judiciales de los 31 juicios de lesa humanidad realizados en Salta.
Como ella misma expresa: "las personas se nos van
yendo", introduciendo un marcador de urgencia temporal que politiza el
duelo biológico. Álvarez no solo está pensando en preservar papeles; está
pensando en transferir el "capital simbólico de la verdad" —en
términos de Pierre Bourdieu— desde los cuerpos envejecidos de los testigos
directos hacia soportes institucionales que puedan garantizar su permanencia
frente a gobiernos "que ese material no le interesa".
Aquí se activa uno de los conceptos centrales de la justicia
transicional: la idea de que la verdad judicial no puede quedar atrapada en
los expedientes, sino que debe transformarse en materiales pedagógicos
accesibles para las nuevas generaciones. Álvarez propone específicamente
trabajar sobre los archivos digitales en diversos formatos (Word, PDF, videos)
para crear insumos audiovisuales que puedan llegar a las escuelas.
Pero su intervención no se agota en lo archivístico. Álvarez
introduce una dimensión históricamente invisibilizada: el exilio como
violación de derechos humanos. Al presentar el libro Sapos de otro pozo,
producido por la agrupación nacional de hijos e hijas del exilio, está
disputando el relato hegemónico que construyó una jerarquía implícita entre las
víctimas: desaparecidos en primer lugar, presos políticos en segundo, y
exiliados en una "categoría inferior". Michael Pollak, en su trabajo
sobre "memorias subterráneas", explica cómo ciertas experiencias
permanecen silenciadas no por olvido, sino porque no encajan en el marco
narrativo dominante. El exilio, al no tener la carga dramática de la
desaparición ni el heroísmo de la resistencia carcelaria, quedó durante décadas
como una memoria "no-dicha" en muchas familias.
La propuesta de Álvarez es, en este sentido, profundamente
reparatoria: busca que la UNSa sea el "sitio pertinente" para que las
historias locales de exiliados salteños dejen de ser anécdotas familiares y se
transformen en conocimiento público legitimado.
Finalmente, Álvarez incorpora una dimensión que Fernando
Pequeño retomará con fuerza: el protagonismo de las asambleas
transfeministas y la importancia del arte como herramienta de resistencia.
Señala que "el arte llega donde el discurso teórico no llega",
anticipando que la batalla por la memoria en 2026 no puede librarse solo en el
lenguaje de los juristas o los académicos, sino que requiere también de la
"estética de la resistencia" que Álvarez lee en los escraches, las
intervenciones callejeras y las producciones culturales de las nuevas
generaciones.
3.2. Fernando Pequeño Ragone: Batallas culturales y
subjetividades en disputa
La intervención de Fernando Pequeño Ragone es la más
conceptualmente densa y políticamente combativa de las tres. Pequeño, nieto del
exgobernador desaparecido Miguel Ragone y militante histórico en Salta, no se
presenta como un simple depositario de memoria familiar, sino como un
"emprendedor de la memoria" —en términos de Jelin— que busca
actualizar el debate sobre qué significa recordar el terrorismo de Estado en
2026.
Su propuesta se estructura en cuatro dimensiones
estratégicas que funcionan como "campos de batalla" culturales:
a) Memoria y Soberanía (vs. Democracia degradada)
Pequeño propone un desplazamiento conceptual audaz:
abandonar la "democracia" como eje articulador del campo popular,
dado que el concepto está "totalmente degradado" por el accionar del
Estado actual. En su lugar, propone la "soberanía" como concepto
vertebrador, vinculando la memoria del terrorismo de Estado con las luchas
gremiales contemporáneas y el plan económico vigente. Sostiene que el
negacionismo actual no es solo una disputa historiográfica, sino una
"herramienta política para desarticular la soberanía de los
trabajadores".
Esta línea argumental resuena con los debates de la teoría
política latinoamericana sobre "democracia sustantiva" versus
"democracia formal". Como señala Guillermo O'Donnell, la democracia
en América Latina no puede evaluarse solo por la existencia de elecciones, sino
por la capacidad efectiva de los ciudadanos de ejercer derechos. Pequeño está
diciendo: si el Estado actual vacía de contenido la democracia, entonces
nuestra tarea no es defenderla nostálgicamente, sino construir soberanía
popular desde abajo.
b) Archivo y Justicia: La soberanía documental
En línea con la propuesta de Álvarez, Pequeño enfatiza la
necesidad de que la UNSa resguarde archivos judiciales. Pero introduce un matiz
crucial: menciona la existencia de "200 páginas aportadas por un
ex-fiscal" que documentan el inicio de la política post-dictadura en 1983
y "cómo ciertos actores actuales se encubrieron en aquel proceso".
Aquí el archivo deja de ser un "depósito de papeles
muertos" para convertirse en prueba de continuidades institucionales:
la dictadura no terminó el 10 de diciembre de 1983, sino que dejó redes de
complicidad y silencio que pervivieron durante décadas. Esta lectura conecta
con el concepto de "impunidad estructural" desarrollado por
Roht-Arriaza: no es solo que algunos culpables no fueron juzgados, sino que las
instituciones mismas protegieron activamente a los perpetradores.
Además, Pequeño destaca la importancia del archivo fílmico
del Juicio Ragone (2011), compuesto por 50 DVDs que documentan el proceso
completo. Actualmente alojado en YouTube en el canal de la Asociación Ragone,
Pequeño propone "migrarlo" a un repositorio universitario oficial
para dotarlo de "legitimidad institucional". Esta propuesta dialoga
con la teoría de la gestión de la memoria de Pollak: la memoria no es
algo que simplemente "existe", sino que requiere de dispositivos
institucionales que la protejan del olvido y la manipulación.
c) Identidad y Género: Los 30.400
Quizás la propuesta más audaz de Pequeño es su defensa de la
cifra "30.400" para visibilizar a la comunidad LGBTQ+ entre los
desaparecidos. Argumenta que "no se pueden obviar las identidades que no
estuvieron presentes en los juicios hasta recientemente" y que el
movimiento LGBT unido al feminismo constituye hoy un "actorazo
político" ineludible.
Esta propuesta conecta directamente con los debates
contemporáneos sobre interseccionalidad en los estudios de memoria. La
cifra de "30.000 desaparecidos", aunque simbólicamente potente,
invisibilizó durante décadas las identidades sexuales disidentes que fueron
objeto de persecución específica. Como señala el trabajo de Insausti y Greco
sobre el Archivo de la Memoria Trans, la dictadura ejerció violencias
diferenciadas sobre los cuerpos trans, travestis y homosexuales, muchos de los
cuales nunca fueron registrados como "desaparecidos" por sus familias
debido al estigma.
Pequeño no está proponiendo "reemplazar" la cifra
histórica, sino ampliarla para hacer justicia epistémica a quienes fueron
doblemente borrados: por la dictadura y por el heteronormativismo de las
propias organizaciones de derechos humanos durante años. Esta es una batalla
por la hegemonía narrativa dentro del propio campo de la memoria.
d) Masculinidades: El Che Guevara y la ética del
cuidado
La cuarta dimensión propuesta por Pequeño es, según sus
propias palabras, "la más compleja": analizar al Che Guevara como
paradigma de masculinidad para contraponer una "ética del cuidado"
frente a la "ética del odio" promovida por las nuevas derechas.
Este eje dialoga con los estudios sobre masculinidades
hegemónicas de R.W. Connell, quien mostró cómo la construcción social de
"lo masculino" en contextos revolucionarios latinoamericanos exaltó
la dureza, el sacrificio y la violencia legítima como virtudes, invisibilizando
las dimensiones del cuidado, la vulnerabilidad y la afectividad. Pequeño está
proponiendo una relectura del Che desde el feminismo, buscando rescatar lo que
Carol Gilligan llamaría una "ética del cuidado" capaz de disputar las
subjetividades juveniles que hoy son captadas por discursos de crueldad y competencia
extrema.
Esta propuesta no es nostálgica; es profundamente
estratégica. En un contexto donde las nuevas derechas reclutan jóvenes varones
ofreciéndoles modelos de masculinidad basados en el dominio y el desprecio,
Pequeño propone ofrecer una masculinidad alternativa: la del "hombre
nuevo" guevariano releído desde una ética feminista. Es una batalla por
las subjetividades en disputa, reconociendo que la memoria del pasado
solo será políticamente relevante si logra interpelar a las generaciones
presentes.
3.3. Marcela Gutiérrez: El soporte institucional y
la prevención
La intervención de Marcela Gutiérrez es más breve pero
estratégicamente crucial. Como integrante de la Asociación Coca Gallardo y
colaboradora del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Gutiérrez
aporta lo que podríamos llamar el "blindaje institucional" del
programa.
Su rol no es proponer nuevas líneas temáticas, sino asegurar
que las propuestas de Álvarez y Pequeño cuenten con el respaldo de mecanismos
estatales de protección de derechos humanos. El Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura, creado en cumplimiento del Protocolo Facultativo de
la Convención contra la Tortura (OPCAT), es un organismo con facultades de
inspección sobre lugares de detención y capacidad de emitir recomendaciones al
Estado argentino.
La participación de Gutiérrez vincula la memoria del
terrorismo de Estado con la prevención de violencias institucionales en el
presente. Esta conexión no es retórica: sabemos por el trabajo de
organizaciones como la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires que
muchas de las prácticas de tortura documentadas en comisarías y cárceles
argentinas en los últimos años tienen continuidad directa con las metodologías
de la dictadura (posiciones forzadas, submarino seco, violencia sexual).
Gutiérrez está diciendo: la memoria no es solo mirar hacia
atrás, sino construir las condiciones institucionales para que el "Nunca
Más" sea efectivo hoy. Desde la perspectiva de la justicia transicional,
esta es la función de las "garantías de no repetición": no basta con
juzgar a los responsables del pasado si el Estado sigue reproduciendo prácticas
torturantes en el presente.
4. Convergencias y tensiones: el tejido complejo de
la memoria colectiva
Cuando analizamos las tres intervenciones en conjunto,
emergen tanto intersecciones fundamentales como divergencias
metodológicas que enriquecen la propuesta colectiva.
Intersecciones: el núcleo duro de la resistencia
Los tres interlocutores convergen en puntos que constituyen
el consenso político mínimo de la Mesa en 2026:
1. La Universidad como refugio institucional: Existe
un acuerdo total en que la UNSa es el "sitio pertinente" y el
"plafón" necesario para proteger la memoria frente al negacionismo
estatal. Esta confianza en la universidad como "trinchera" no es
ingenua: reconoce que, pese a sus contradicciones, la autonomía universitaria
sigue siendo uno de los pocos espacios institucionales capaces de resistir
presiones políticas directas.
2. El combate al negacionismo como batalla presente:
Los tres identifican la reactivación de la "teoría de los dos
demonios" como el principal enemigo discursivo. No están hablando de un
debate historiográfico abstracto, sino de un negacionismo que tiene
consecuencias materiales concretas: recortes presupuestarios a organismos de
derechos humanos, desfinanciamiento de programas de memoria, cuestionamiento
público de las cifras de desaparecidos.
3. La urgencia temporal: Hay consenso en que
"las personas se nos van yendo" y que es imperativo sistematizar
testimonios y archivos "en bruto" antes de que los testigos directos
fallezcan. Esta urgencia no es solo biológica: es también política, reconociendo
que cada testigo que muere es una batalla perdida frente al olvido.
Divergencias: metodologías de la intervención
política
Donde las propuestas se diversifican es en los énfasis
estratégicos y las metodologías de intervención:
Técnico-archivístico vs. Teórico-político: Mientras
Álvarez se enfoca en la "labor de memoria" técnica (catalogar,
digitalizar, sistematizar archivos judiciales), Pequeño se inclina por las
"batallas culturales" subjetivas (masculinidades, soberanía, 30.400).
Esta no es una contradicción, sino una complementariedad estratégica: la
memoria requiere tanto de su base material (los archivos) como de su
actualización simbólica (los marcos interpretativos).
Desde la perspectiva de Richard Rorty sobre los derechos
humanos, podríamos decir que Álvarez trabaja en el "sentimentalismo"
(hacer que la gente sienta empatía por las víctimas a través de testimonios
concretos), mientras que Pequeño trabaja en el "vocabulario moral"
(disputar los conceptos mismos con los que pensamos la democracia, la violencia
y la justicia).
Universalismo vs. Particularismo: La propuesta de
Pequeño sobre los 30.400 introduce una tensión productiva con la cifra
históricamente consensuada de los 30.000. Desde la teoría de los derechos
humanos, esta tensión refleja el debate entre universalismo (todos los
desaparecidos son iguales en su condición de víctimas) y particularismo
(algunas víctimas sufrieron violencias específicas por su identidad sexual que
deben ser nombradas).
Esta tensión no tiene resolución fácil, pero su sola
existencia es valiosa: impide que el campo de la memoria se congele en fórmulas
repetidas y lo obliga a dialogar con los debates contemporáneos sobre
interseccionalidad. Como señala Nancy Fraser, la justicia requiere tanto de redistribución
(reconocer a todas las víctimas) como de reconocimiento (nombrar las
especificidades de cada opresión).
Memoria vs. Prevención: La intervención de Gutiérrez
introduce una dimensión que podría parecer tangencial, pero que es
políticamente central: vincular la memoria del pasado con la vigilancia sobre
las violencias institucionales del presente. Esto conecta con el concepto de "justicia
transicional en contextos de violencia persistente" desarrollado por el
Centro Internacional para la Justicia Transicional: en países donde la
violencia estatal no cesó completamente después de la dictadura, no puede haber
una separación tajante entre "memoria histórica" y "derechos
humanos actuales".
Esta diversidad de enfoques refleja lo que R.W. Connell
llamaría "masculinidades múltiples" en el campo de la memoria:
no hay una única forma correcta de recordar, sino múltiples estrategias que
deben coexistir y complementarse. La clave está en que estas diferencias no se
conviertan en fragmentación, sino en pluralismo estratégico.
5. Conclusión: La memoria como praxis colectiva en
el 50° aniversario
A cincuenta años del golpe de Estado de 1976, el encuentro
del 13 de febrero de 2026 en la UNSa representa un momento de madurez política
del movimiento de derechos humanos en Salta. La propuesta colectiva de la Mesa,
expresada a través de las voces de Álvarez, Pequeño y Gutiérrez, demuestra que
la memoria no es un monumento estático, sino un tejido vivo capaz de
incorporar nuevas luchas, nuevas identidades y nuevos desafíos.
El valor estratégico de este diálogo radica precisamente en
su capacidad de articular intersecciones (el consenso en la universidad
como refugio, el combate al negacionismo) con diversificaciones (el
exilio, la diversidad sexual, la prevención de la tortura). Esta combinación
crea lo que podríamos llamar una "memoria resiliente":
suficientemente sólida en su núcleo de verdades innegociables (el terrorismo de
Estado fue un crimen de lesa humanidad), pero suficientemente flexible para
incorporar nuevos sujetos y demandas sin traicionar su esencia.
Para Salta, esta propuesta tiene un peso específico
adicional. La Asociación Miguel Ragone no es una organización más: es el
recordatorio vivo de que el primer golpe fue aquí, contra un gobernador
peronista democráticamente electo. El Juicio Ragone (2011) fue el primer juicio
de lesa humanidad en la provincia, estableciendo un precedente fundamental. Al
proponer que la UNSa resguarde los 50 DVDs de ese juicio, Pequeño Ragone no
solo está preservando la memoria de su abuelo, sino estableciendo a Salta como
un faro de justicia transicional para todo el Noa.
La integración del exilio en la agenda, propuesta por
Álvarez, también tiene resonancia local: Salta fue un corredor de exilio hacia
Bolivia y Chile, y muchas historias de familias dispersadas nunca fueron
contadas. Al incorporar Sapos de otro pozo en el programa, se está
haciendo justicia reparatoria con una generación que creció sintiéndose
"menos víctimas" que los hijos de desaparecidos o presos políticos.
Finalmente, la insistencia de Pequeño en visibilizar a la
comunidad LGBTQ+ y proponer nuevas masculinidades conecta con las luchas
presentes de las juventudes salteñas, donde las asambleas transfeministas han
sido protagonistas de las resistencias al gobierno nacional actual.
Llamado a la acción: Hacia una memoria democrática
y plural
Este ensayo no puede concluir con una simple descripción
académica. El momento político exige interpelación y compromiso. A las
organizaciones de la Mesa de Derechos Humanos de Salta, a las entidades
aliadas, a los actores académicos, sindicales, estudiantiles y comunitarios, se
les plantea un desafío colectivo:
1. Democratizar la representación: Es imperativo
formalizar los mecanismos de deliberación interna de la Mesa. Las propuestas
aquí analizadas son valiosas, pero su legitimidad se fortalecería con procesos
participativos explícitos. Convocamos a implementar plenarios regulares,
rotación de vocerías y protocolos de consulta que garanticen que todas las
voces sean escuchadas.
2. Sostener la alianza con la UNSa: La universidad es
el "plafón" institucional que puede proteger la memoria frente al
negacionismo. Pero esta alianza requiere reciprocidad: la UNSa debe garantizar
recursos, legitimidad y apertura pedagógica; las organizaciones deben aportar su
acumulado histórico, su conexión territorial y su capacidad de movilización.
3. Ampliar la coalición: Las "50 acciones por
los 50 años" no pueden ser solo de los organismos históricos. Es necesario
incorporar activamente a sindicatos, movimientos estudiantiles, colectivos
feministas, comunidades indígenas y organizaciones barriales. La memoria del
terrorismo de Estado solo será políticamente relevante si logra articularse con
las luchas del presente.
4. Construir pedagogías de la memoria: No basta con
preservar archivos; es necesario transformarlos en materiales pedagógicos
accesibles. Las escuelas, los centros comunitarios, los sindicatos, deben poder
acceder a testimonios, documentos y análisis que les permitan comprender por
qué el "Nunca Más" es una consigna viva, no un eslogan del pasado.
5. Disputar las subjetividades: La batalla por la
memoria es también una batalla por el presente y el futuro. Como propone
Pequeño Ragone, es necesario ofrecer a las juventudes modelos de subjetividad
política que disputen los discursos de odio y crueldad. La ética del cuidado,
el reconocimiento de las diversidades, la valoración de la vulnerabilidad como
fortaleza política, deben ser parte de esta pedagogía.
El 24 de marzo de 2026 no será una fecha más. Será la
oportunidad de demostrar que la memoria colectiva en Salta está viva, es
plural, es democrática y es capaz de dialogar con las complejidades del
presente sin renunciar a las verdades del pasado.
La Mesa de Derechos Humanos tiene ante sí la responsabilidad
histórica de convertir este 50° aniversario en un punto de inflexión: no solo
recordar, sino construir las condiciones institucionales, culturales y
políticas para que el terrorismo de Estado sea definitivamente inimaginable en
Argentina.
El "Nunca Más" no es un deseo: es un compromiso
que se construye cada día, con archivos resguardados, con memorias plurales,
con pedagogías críticas, con alianzas sólidas y con democracia interna. Es un
compromiso que nos convoca a todos.
La memoria es acción. La memoria es presente. La memoria
es responsabilidad colectiva.
