Resistencia institucional y re-filiación democrática: Salta a 50 años del golpe
En el umbral del cincuentenario del golpe de 1976 y ante el avanzado "desmantelamiento del Estado nacional" en materia de derechos humanos, la Comisión Provincial de la Memoria de Salta redefine su agenda como un "escudo democrático". Analiza la disputa por el sentido político en el acto de Miguel Ragone y propone una transformación radical del rol policial: transitar de la seguridad perimetral a una "guardia de honor" pedagógica que rompa los "silencios corporativos". Entre la urgencia de la institucionalización y la "fricción ética" de los familiares, el texto explora cómo la memoria, territorializada y plural, se consolida como la única garantía de supervivencia frente al retroceso institucional de 2026.
Comisión Provincial de la Memoria
A 50 años del Golpe
Primera reunión de planificación de
agenda
Salta, febrero de 2026
Contenidos:
Convocatoriaa las organizaciones
Laarticulación con la Secretaría de Cultura: un Estado que suma
Laagenda acordada para marzo y abril de 2026
Bancode Acciones por los 50 años
Presentacióneditorial en la Usina Cultural
Circuitode Baldosas y Bicicleteada
Paseoen Kayak y Fogata en el Dique Cabra Corral
Festivalde la Memoria (20 de marzo)
MesaAmpliada Territorial (19 de marzo)
Territorializaciónen el interior: Joaquín V. González (30-31 de marzo)
Actoen la Legislatura Provincial
ElActo de Miguel Ragone en Cerrillos: la disputa por el protocolo
Lapolicía y el trabajo interno que la memoria exige
Dela seguridad del evento a la institución que rinde honores
Eltrabajo interno: pedagogía antes del acto
Lare-filiación democrática de la fuerza
Laimportancia de una agenda conjunta en tiempos de retroceso
Este documento es una
comunicación dirigida a las organizaciones que integran la Comisión Provincial
de la Memoria y a las organizaciones de derechos humanos de Salta, con el
propósito de ponerlas en conocimiento de la primera reunión de trabajo que dio inicio
a la planificación conjunta de la agenda de los 50 años del Golpe de Estado de
1976.
La reunión tuvo lugar el
18 de febrero de 2026, en vísperas del paro general convocado para el día
siguiente, en un momento político de alta tensión: el proceso de
desmantelamiento del Estado nacional avanza sobre las estructuras de derechos
humanos, y la Comisión Provincial de la Memoria enfrenta el desafío de sostener
y ampliar su trabajo en un contexto de retroceso institucional. Que la reunión
haya ocurrido precisamente en ese umbral no es un detalle menor. Es el dato que
mejor resume el espíritu con el que se trabaja.
síntesis uno.
Quiénes se reunieron
La convocatoria reunió a
tres integrantes de la Comisión con perfiles complementarios, cuya articulación
expresa la naturaleza plural e institucional del espacio.
La primera voz es la de
quien ejerce la coordinación institucional de la Comisión, con una perspectiva
pragmática y de largo plazo. Su argumento central es que la permanencia dentro
del Estado no es una concesión al poder de turno, sino la única garantía de que
las políticas de memoria sobrevivan a los cambios de gestión. "Lo que no
se institucionalice dentro del Estado desaparece", fue la formulación que
sintetizó su postura a lo largo de toda la reunión. Desde esa convicción,
propuso que la Comisión demuestre su valor con actitudes y trabajo concreto,
evitando el repliegue o el purismo ideológico que —según advirtió— puede
resultar funcional al vaciamiento que se busca evitar.
La segunda voz es la de la
Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia, que actúa como
nexo operativo entre la Comisión y otras áreas estatales. Su aporte en esta
reunión fue doble: por un lado, la articulación concreta con la Secretaría de
Cultura —un actor gubernamental que se suma a la agenda con recursos, espacios
y capacidad de convocatoria—; por otro, la propuesta de territorializar y
ampliar la base social de la Comisión, incorporando colectivos LGBT, gremios y
universidades para renovar el espacio y garantizar su continuidad generacional.
La tercera voz es la de un
familiar de desaparecido, nieto del gobernador Miguel Ragone, e integrante de
la Comisión en su condición de investigador y militante de la memoria. Su
intervención estuvo centrada en la dimensión ética y simbólica de los actos
conmemorativos, y fue quien planteó con mayor precisión el problema del
protocolo: cómo evitar que las instituciones del Estado conviertan los actos de
memoria en rituales vacíos que revictimizan a los familiares y desplazan el
contenido político de la conmemoración.
También participó como
colaboradora técnica una cuarta integrante, consultada sobre aspectos de
calendario y logística.
Síntesis dos.
Convocatoria a las organizaciones
Esta primera reunión fue
una instancia de trabajo entre quienes pudieron confluir en esa fecha. No es ni
pretende ser una instancia cerrada. La Comisión Provincial de la Memoria
convoca a todas las organizaciones que han integrado este espacio en los últimos
diez años —desde su consolidación como instancia de articulación entre el
Gobierno provincial y los organismos de derechos humanos— a sumarse activamente
a la planificación de la agenda de los 50 años.
La próxima reunión
ampliada está prevista para el 19 de marzo de 2026, en el marco de una Mesa
Ampliada Territorial que convocará a representantes de derechos humanos de los
distintos municipios de la provincia, así como a colectivos LGBT, gremios y
universidades. Esa instancia será la oportunidad para construir colectivamente
la agenda y para que cada organización incorpore su perspectiva, sus recursos y
sus compromisos al proceso.
Las organizaciones que
deseen participar están convocadas a comunicarse con la Comisión para confirmar
su asistencia y aportar propuestas.
La articulación con la Secretaría de Cultura: un
Estado que suma
Uno de los elementos que
la reunión dejó en claro es que la agenda de los 50 años no será únicamente una
agenda de los organismos de derechos humanos. La Secretaría de Cultura del
Gobierno de la Provincia se suma formalmente como un actor de la planificación,
aportando espacios como la Usina Cultural, capacidad de convocatoria artística
y recursos para actividades que van desde presentaciones editoriales hasta
festivales y muestras.
Esta articulación no es un
dato menor en el contexto actual. Cuando el Gobierno Nacional desmantela los
organismos de derechos humanos y habilita discursos que cuestionan la memoria
como política pública, la confluencia de la Subsecretaría de Derechos Humanos y
la Secretaría de Cultura bajo el paraguas de la Comisión Provincial de la
Memoria constituye una señal política clara: el Estado provincial sostiene la
agenda de memoria como parte de su identidad institucional, no como un trámite
de ocasión.
Esta alianza no disuelve
las tensiones propias de la relación entre organismos y Estado. Las tensiones
existen, son legítimas y forman parte del proceso. Pero la articulación
demuestra que hay margen para construir, que el Estado no es un bloque monolítico
y que, incluso en condiciones adversas, los espacios institucionales pueden ser
disputados y sostenidos desde adentro.
La agenda acordada para marzo y abril de 2026
Las acciones acordadas en
la reunión se estructuran en torno a tres ejes complementarios: la visibilidad
institucional de la Comisión, la expansión territorial hacia el interior de la
provincia y la recuperación del contenido ético de los actos de memoria.
Banco de Acciones por los 50 años
Se propuso crear un
registro unificado de todas las intervenciones de derechos humanos que se
desarrollarán en el período, con el objetivo de potenciar la visibilidad de
cada acción y articular los esfuerzos de los distintos actores. Este banco
funcionará como una plataforma común que visibilice la dimensión colectiva del
trabajo.
Presentación editorial en la Usina Cultural
Se realizará la
presentación del libro de la Red Nacional de HIJOS en la Usina Cultural, en un
acto que combinará el lanzamiento editorial con la apertura pública de la
agenda de la Comisión.
Circuito de Baldosas y Bicicleteada
Se realizará una
intervención artística en torno a la colocación de baldosas en sitios de
memoria de la ciudad —entre ellos la Central de Policía y la Policía Federal—
seguida de un recorrido en bicicleta por los espacios señalizados. La actividad
combina la marca del territorio con la movilización juvenil.
Paseo en Kayak y Fogata en el Dique Cabra Corral
Actividad de memoria
narrativa en un entorno natural, que incluirá relatos sobre los juicios de lesa
humanidad y la historia de las víctimas del terrorismo de Estado en Salta. La
dimensión territorial de esta acción apunta a llegar a comunidades y públicos
que habitualmente no participan de los actos urbanos.
Festival de la Memoria (20 de marzo)
Festival artístico en la
Usina Cultural con músicos locales, pensado como un hito de movilización
juvenil y de apertura de la agenda al conjunto de la sociedad salteña. El
festival funcionará como el momento de mayor convocatoria y visibilidad de la
Comisión en el período previo al 24 de marzo.
Mesa Ampliada Territorial (19 de marzo)
Convocatoria institucional
a representantes de derechos humanos de todos los municipios de la provincia,
incluyendo colectivos LGBT y gremios. Será la instancia de planificación
colectiva y el espacio donde las organizaciones podrán incorporar sus propuestas
a la agenda común.
Territorialización en el interior: Joaquín V.
González (30-31 de marzo)
Viaje al interior
provincial para realizar talleres y muestras con los banners históricos de la
Comisión. Esta acción responde a la convicción de que la memoria no puede ser
un fenómeno exclusivamente capitalino y de que la Comisión debe marcar
presencia y construir vínculos en los territorios donde el abandono del Estado
nacional se siente con mayor fuerza.
Acto en la Legislatura Provincial
Gestión de un evento en el
patio de la Legislatura para dotar a la agenda de un anclaje institucional de
alto perfil. Este acto buscará articular a los poderes del Estado provincial en
el reconocimiento de los 50 años del Golpe como hito histórico que interpela a
toda la sociedad salteña.
El Acto de Miguel Ragone en Cerrillos: la disputa
por el protocolo
Entre todas las acciones
propuestas, la reunión dedicó un espacio especial a repensar el Acto de
Homenaje a Miguel Ragone que se realiza anualmente en Cerrillos el 11 de marzo,
fecha de su desaparición. Lo que se planteó no fue únicamente una cuestión logística.
Fue una discusión sobre el sentido político de los actos de memoria y sobre
quién tiene la autoridad para conducirlos.
El diagnóstico fue claro y
fue compartido: en los últimos años, el acto en Cerrillos ha sido vaciado de
contenido. Las fuerzas de seguridad han ocupado un lugar central y protagónico
—incluyendo las primeras filas del espacio ceremonial— mientras los familiares
y los organismos de derechos humanos quedaban relegados a un rol secundario. El
ceremonial municipal tomó el control del acto y lo convirtió en un ritual
protocolar que, lejos de honrar la memoria de Ragone, la encuadra en una lógica
de orden institucional que borra el sentido político de su desaparición.
La propuesta que surgió de
la reunión es que la Comisión Provincial de la Memoria asuma la conducción del
acto, desplazando el control del ceremonial del municipio hacia los organismos
y familiares. Esto implica un cambio de protocolo que coloque a quienes tienen
la autoridad moral y política en el lugar que les corresponde: al frente, como
conductores de la conmemoración, y no como invitados en un acto que otros definen.
Este cambio no es un
capricho ni una disputa de egos. Es una condición para que el acto sea lo que
debe ser: un espacio de memoria genuina, donde la comunidad de Cerrillos y de
Salta pueda encontrarse con la historia real de Ragone —su lucha política, su
compromiso con los trabajadores, las razones de su persecución y desaparición—
y no con una versión aséptica y despolitizada que no inquieta a nadie ni
interpela nada.
La Comisión tiene la
capacidad y la legitimidad para asumir ese rol. Tiene la representación de los
organismos, la articulación con el Estado provincial y el respaldo de quienes
llevan décadas construyendo memoria en Salta. El 11 de marzo de 2026 es la oportunidad
para que ese rol se ejerza de manera visible y contundente.
La policía y el trabajo interno que la memoria
exige
Separada de la cuestión
del protocolo pero directamente vinculada a ella, la reunión abrió un debate
que merece un desarrollo especial: el rol de las fuerzas de seguridad en los
actos de memoria y el trabajo interno que esa participación implica para la institución
policial.
La pregunta que disparó la
discusión fue simple en su formulación pero enorme en sus consecuencias: ¿cómo
debería estar la policía en un acto de memoria? Y la respuesta que emergió no
fue la de excluirla, sino la de transformar radicalmente el tipo de presencia
que se le asigna.
De la seguridad del evento a la institución que
rinde honores
Hoy, la policía aparece en
los actos de memoria como fuerza de seguridad: cuida el perímetro, controla la
entrada, garantiza el "orden" del evento. En esa función, actúa como
si la historia no la involucrara. Es una presencia técnica que borra el vínculo
entre la institución y la tragedia que se conmemora.
Lo que se propone es una
presencia radicalmente diferente: la policía presente no como custodio del
evento, sino como institución que rinde honores. Una guardia de honor integrada
por cadetes —los más jóvenes de la fuerza, quienes no tuvieron parte en lo que
ocurrió— ubicada no en el perímetro sino en el centro del espacio, flanqueando
el memorial o el retrato de la víctima. El Jefe de Policía, o quien lo
represente, pronunciando un compromiso público de lealtad a la Constitución. Un
saludo de rigor ante el memorial al final del acto.
La diferencia entre estas
dos presencias no es de forma. Es de significado. En la primera, la policía
actúa como si pudiera separarse de su historia. En la segunda, reconoce que esa
historia la involucra profundamente y que su participación en el acto es una
forma de decirle a la comunidad —y a sí misma— que entendió lo que pasó y que
no vuelve a pasar.
El trabajo interno: pedagogía antes del acto
Para que esa presencia
tenga sentido y no sea un ritual más vacío, el protocolo propuesto incluye una
condición fundamental: ningún cadete debe participar en la guardia de honor sin
haber recibido formación previa sobre la historia que va a honrar.
Eso implica la
implementación de seminarios obligatorios en la Escuela de Cadetes sobre el
caso que da origen al acto y sobre ética profesional en relación a los derechos
humanos. Las preguntas que esa formación debe instalar son difíciles y
necesarias: ¿Qué debe hacer un policía cuando recibe una orden que viola los
derechos humanos? ¿Cómo puede una institución reconocer que, en otra versión de
sí misma, fue cómplice de un crimen? ¿Qué significa, para alguien que lleva un
uniforme, rendir honores a una persona que sus antecesores persiguieron?
Esas preguntas no tienen
respuestas sencillas. Pero el hecho de que se formulen —de que la formación
policial las incorpore como parte de su currícula— es en sí mismo un acto
transformador. Es lo que convierte la guardia de honor de un gesto simbólico en
un procedimiento ético.
Romper el silencio corporativo
Las instituciones cerradas
—y la policía es una de ellas— preservan memorias internas que contradicen su
discurso público. En el caso de la Policía de Salta, esas memorias subterráneas
pueden incluir versiones del pasado que justifican o minimizan lo que ocurrió
durante la dictadura. Algunas de esas versiones —en sus formas más brutales—
pueden seguir viendo a las víctimas del terrorismo de Estado como
"enemigos ideológicos". No se expresan en documentos ni en
declaraciones oficiales, sino en los micro rituales: en un saludo ejecutado con
desgano en un acto de memoria, en los silencios que siguen en los corredores de
la Jefatura después de una ceremonia.
El protocolo no puede
cambiar lo que piensa un oficial de la vieja guardia en su fuero interno. Pero
puede obligarle a actuar de otra manera en el espacio público. Y esa obligación
—cuando se sostiene en el tiempo, cuando se convierte en parte de la formación—
tiene efectos reales sobre la cultura institucional. Pedir a un policía formado
bajo la lógica de la "mano dura" que rinda honores a una víctima del
terrorismo de Estado produce lo que los investigadores llaman una disonancia
cognitiva: un malestar interior que surge cuando las acciones que una persona
debe realizar contradicen sus creencias internas. Esa disonancia no es cómoda.
Pero es necesaria. Es el mecanismo por el que las instituciones cambian.
La re-filiación democrática de la fuerza
Incluir a la policía en el
protocolo no es un gesto de perdón ni una exoneración de responsabilidades
históricas. Es un dispositivo de transformación institucional que apunta a lo
que puede llamarse una re-filiación democrática: un acto por el que la institución
dice, públicamente, que su lealtad es con la legalidad constitucional y no con
la obediencia ciega a quien esté en el poder.
Esa re-filiación tiene una
dimensión particularmente urgente en el contexto de 2026. Cuando el Gobierno
Nacional habilita discursos que promueven la discrecionalidad policial y el
disciplinamiento social, la provincia tiene la posibilidad de construir una
"identidad salteña" de la fuerza que sea diferente a la que baja
desde Nación. El protocolo de memoria puede ser ese anclaje: si la policía
provincial ha rendido honores a una víctima del terrorismo de Estado, tiene un
referente simbólico concreto para resistir órdenes que contradigan ese
compromiso. No es una prohibición —esas ya existen en papel. Es una cultura
institucional que hace la represión más difícil de justificar desde adentro.
El cadete que hoy
participa en la guardia de honor frente al memorial de un gobernador
desaparecido lleva esa imagen consigo durante toda su carrera. Si algún día
enfrenta una orden que no puede cumplir sin violentar los derechos humanos,
tendrá en su memoria no solo un conocimiento intelectual sino una experiencia
corporal, vivida: sé lo que le costó a mi institución olvidar que su lealtad es
con la democracia. No voy a ser parte de eso otra vez. Esa es la forma más
profunda en que el protocolo puede funcionar como escudo democrático.
La importancia de una agenda conjunta en tiempos de
retroceso
El momento en que se
produce esta primera reunión no es casual ni inocente. Es febrero de 2026, año
del cincuentenario del Golpe, y el Estado nacional avanza en el desguace de las
estructuras de derechos humanos construidas con décadas de lucha. En ese contexto,
la confluencia del Estado provincial —representado en la Comisión por la
Subsecretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Cultura— con los
organismos y organizaciones que han sostenido la memoria en Salta durante los
últimos años tiene un valor que va más allá de la coyuntura.
Una agenda conjunta del
Estado y las organizaciones de derechos humanos no es una claudicación de la
autonomía militante ni una rendición ante las instituciones. Es el
reconocimiento de que, en un período de retroceso, la memoria como política
pública necesita de todos los actores que puedan sostenerla: los que tienen la
legitimidad histórica de los organismos y las familias, y los que tienen los
recursos, los espacios y la inserción institucional del Estado provincial.
La Comisión Provincial de
la Memoria ha demostrado en diez años que ese espacio de articulación es
posible y fructífero, sin que ninguna de las partes tenga que renunciar a su
identidad. Las tensiones existen y son sanas: entre el pragmatismo institucional
y el reclamo de pureza ética, entre la urgencia de mostrar trabajo y la
necesidad de no vaciar el contenido político de la memoria, entre la gestión y
la militancia. Esas tensiones no debilitan a la Comisión. La definen.
A cincuenta años del
Golpe, la construcción de la memoria en Salta no es un proceso cerrado. Es una
negociación constante donde el Estado es, simultáneamente, una herramienta de
preservación y un objeto de desconfianza legítima. Navegar esa contradicción
sin paralizarse, sin perder ni la eficacia institucional ni la esencia crítica
del reclamo de justicia, es el desafío que la Comisión asume en este período.
Las organizaciones están
convocadas. La agenda está abierta. El trabajo conjunto es la única respuesta
posible.
Comisión Provincial de la Memoria —
Salta, febrero de 2026
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