En la sala de reuniones de la Facultad de Humanidades de la UNSa, quince voces se encontraron el 13 de febrero de 2026 para trazar una ruta colectiva ante el 50° aniversario del golpe de Estado. Autoridades académicas, representantes de organismos históricos de derechos humanos y estudiantes articularon un programa que convierte a la universidad en custodio de la memoria judicial de Salta y en trinchera contra el negacionismo. Entre archivos de juicios por rescatar, debates conceptuales sobre democracia y soberanía, y una agenda de 50 acciones culturales y pedagógicas, el encuentro reveló que la batalla por la memoria no se libra solo en las calles: también se disputa en las aulas, en los archivos y en la formación de las nuevas generaciones. Este informe reconstruye el clima, los argumentos y las apuestas políticas de una reunión fundacional que busca transformar la efeméride en política de Estado universitaria.
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| Sala de reuniones del Consejo de la Facultad de Humanidades, U N Sa |
Fernando Pequeño, asistido con NotebookLM y Claude IA [1]
Contenidos
1.La Reunión: Un Espacio de Resistencia Académica
2.Los Interlocutores y sus Argumentos Centrales
3.Los Archivos de los Juicios: Memoria Jurídica como Pedagogía Popular
4.Democracia versus Soberanía: Una Disputa Teórica con Consecuencias Prácticas
5.La Agenda: 50 Acciones por los 50 Años
A.Dimensión Archivística y Justicia
B.Dimensión Académica y Curricular
C.Dimensión de Extensión y Cultura
LaUniversidad como Trinchera de Soberanía Documental
1. La Reunión: Un Espacio de Resistencia Académica
El 13 de febrero de 2026, la Sala de Reuniones de la
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta se transformó en un
espacio de articulación política y memoria. Quince voces —académicas,
militantes, estudiantiles— se congregaron para dar forma al Programa de Memoria
y Derechos Humanos, una iniciativa que busca coordinar las acciones
institucionales ante la inminencia del 50° aniversario del golpe de Estado de
1976.
El clima de la reunión estuvo marcado por una tensión
productiva entre la urgencia y la reflexión estratégica. Los interlocutores
coincidieron en describir el contexto nacional como un momento de
"avasallamiento financiero y discursivo" sobre el campo de los
derechos humanos, lo que convirtió al encuentro en algo más que una mera
coordinación burocrática: fue una "apuesta política" explícita desde
la universidad pública.
La espacialidad misma del encuentro —las paredes de la
Facultad de Humanidades— adquirió un significado simbólico. Como señaló la
decana Mercedes Quiñones, se trataba de construir un "plafón
institucional" que validara y protegiera las luchas de los organismos de
derechos humanos ante el embate negacionista. La universidad emergió así como
el último refugio de la memoria científica y popular.
Agenda anticipada: El encuentro delineó un plan
ambicioso de "50 acciones por los 50 años" que se extenderá desde el
24 de marzo hasta el 10 de diciembre de 2026, estructurado en tres ejes: la
salvaguarda y activación de archivos judiciales, la transversalización
curricular de los derechos humanos en grado y posgrado, y la producción de
materiales pedagógicos y culturales para disputar la batalla por la memoria en
el espacio público.
2. Los Interlocutores y sus Argumentos Centrales
La diversidad de voces en la sala constituyó la fortaleza
del encuentro. Entre autoridades académicas, representantes de organismos
históricos y nuevas generaciones estudiantiles, se tejió un diálogo
intergeneracional que recupera lo que Elizabeth Jelin denomina
"emprendedores de la memoria".
Mercedes Quiñones (Decana de la Facultad de Humanidades) propuso la "transversalización de los derechos humanos" en toda la estructura universitaria, desde el grado hasta la formación de docentes y no docentes. Su intervención estuvo marcada por una determinación institucional firme: hacer que la universidad "salga de sus muros" hacia los colegios y otras instituciones para ganar fuerza política ante el desfinanciamiento. Quiñones defendió explícitamente una "democracia socialista" como horizonte ideológico del programa.
Fernando Pequeño (representante de la Mesa de
Derechos Humanos y de la Asociación Miguel Ragone) desplegó la argumentación
más combativa. Definió al campo de los derechos humanos como un "campo de
batalla" cultural, judicial y subjetivo que requiere la intersección entre
academia y organizaciones populares. Su intervención se estructuró en cuatro
dimensiones: memoria y soberanía, archivos y justicia, identidad (incluyendo la
visibilización LGBT en la cifra "30.400"), y subjetividades en
disputa. Pequeño politizó la supervivencia de las luchas al afirmar que
"si no hacemos presente al estado, las luchas mueren con sus
actores", advirtiendo sobre la "burocratización estatal" que ha
desgastado a los organismos tras el kirchnerismo.
Canela Álvarez (integrante de H.I.J.O.S. Salta y trabajadora de la universidad) centró su intervención en el resguardo urgente de los archivos judiciales. Expresó una profunda desconfianza hacia la estabilidad de las instituciones estatales actuales, alertando sobre el riesgo de que gobiernos "a los que ese material no les interesa" permitan la pérdida de los expedientes de los 31 juicios de lesa humanidad realizados en Salta. Su discurso reflejó una responsabilidad generacional de custodia, advirtiendo que "las personas se nos van yendo" y con ellas, los testimonios directos.
Rodrigo Solá (Director de la Maestría en Derechos
Humanos) asumió el rol de articulador institucional del programa. Propuso que
la universidad sea depositaria de todo el material producido en los juicios
para "darle vida a ese archivo", trascendiendo la mera acumulación
documental. Solá explicó que la elección del nombre del programa fue objeto de
intenso debate, decidiéndose finalmente por "Democracia y Derechos
Humanos" como un "paraguas mayor" necesario para enfrentar el
negacionismo actual.
Alejandra Solá (profesora de Historia e
investigadora) introdujo una dimensión internacional, vinculando la experiencia
de los archivos del movimiento obrero español (Fundación Salvador Seguí) con la
realidad local. Propuso la creación de un "postítulo para docentes"
de secundaria para combatir las vacancias de formación política y los rechazos
directivos a trabajar estos temas en las escuelas. En el debate conceptual
sobre democracia y soberanía, defendió el "dispositivo democrático"
advirtiendo sobre el peligro de abandonar el concepto: "si no tenemos
democracia, ¿qué? Porque la soberanía tampoco es nuestra".
Otras voces significativas incluyeron a Marcela Gutiérrez
(Asociación Coca Gallardo), Cora Pauluzzi (profesora de Filosofía), Belen
(representante estudiantil y becaria del Museo Histórico), y Marcelo Correa
(Director de la Escuela de Historia), cada uno aportando desde sus espacios
específicos a la construcción colectiva del programa.
3. Los Archivos de los Juicios: Memoria Jurídica
como Pedagogía Popular
El núcleo más sustancial de la reunión giró en torno a la salvaguarda y activación de los archivos judiciales, tema que Michael Pollak conceptualizaría como la transición de una "memoria bajo presión" a una "memoria pública".
Rodrigo Solá fundamentó la institucionalización del
archivo judicial como una política de memoria activa. Argumentó que la
universidad debe asumir el rol de depositaria de todo el material producido en
los 30 o 31 juicios de lesa humanidad celebrados en Salta. El convenio con la
Fiscalía de Derechos Humanos permitirá acceder a un fondo documental que
incluye archivos en formato Word, PDF, videos y sentencias. Solá politizó este
gesto al presentarlo no como un trámite burocrático, sino como una herramienta
de articulación intersectorial que permitirá generar "cortos, placas e
información" para las nuevas generaciones, además de nutrir prácticas
profesionales y proyectos de investigación en grado y posgrado.
Canela Álvarez fundamentó la urgencia del traspaso en
la fragilidad política de las instituciones estatales. Describió el estado del
material como "en bruto", sin catalogar ni clasificar, lo que impone
un desafío técnico de sistematización considerable. Alertó sobre la pérdida
irremediable de testimonios directos debido al fallecimiento o envejecimiento
de las víctimas, convirtiendo al resguardo audiovisual y documental en la única
garantía de transmisión intergeneracional. Su mención a que registros audiovisuales
pagados por la Nación en juicios pasados hoy son inasumibles o están en manos
de particulares denota una angustia temporal que motiva la acción inmediata.
El aporte de Fernando Pequeño: El caso Ragone
Fernando Pequeño realizó una contribución específica y
concreta a la propuesta archivística de Solá y Álvarez al introducir el acervo
documental del juicio por la desaparición del exgobernador Miguel Ragone,
celebrado en 2011.
Pequeño señaló que existe un importante volumen de material
fílmico —aproximadamente 50 DVDs— que documenta el proceso judicial de manera
íntegra, desde la primera sesión hasta la lectura de la sentencia. Este
registro fue posible gracias a un convenio entre el gobierno provincial y el
INCAA (que Pequeño identificó críticamente como el "desaparecido
Inca"), constituyendo una línea de registro distinta e independiente de la
justicia.
Actualmente, este material se encuentra disponible
públicamente en el canal de YouTube de la Asociación Ragone. Pequeño propuso
"bajarlo de ese YouTube y ponerlo en otro" para centralizarlo en una
cuenta institucional legitimada por la universidad, permitiendo que forme parte
de un cuerpo documental oficial. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de
procesamiento: el material está "en bruto" (sesiones grabadas con
cámara fija), por lo que requiere un trabajo de sistematización, categorización
y análisis por parte de historiadores y especialistas en comunicación para que
sea realmente accesible y útil para la investigación.
Esta intervención ilustra lo que Diana Maffía denominaría la
construcción de vínculos afectivos en la configuración del poder: la memoria no
se transfiere solo por ley, sino por la legitimidad que las organizaciones
otorgan a la universidad como custodia de su historia.
4. Democracia versus Soberanía: Una Disputa Teórica
con Consecuencias Prácticas
Uno de los momentos de mayor densidad conceptual del
encuentro fue el intercambio entre Fernando Pequeño y Alejandra Solá respecto a
la validez de "Democracia" frente a "Soberanía" como eje
articulador del programa.
Fernando Pequeño propuso un desplazamiento
terminológico radical. Sostuvo que la democracia, en el estado actual de cosas,
ha sufrido un proceso de degradación tal que ya no sirve como eje de las luchas
populares. Definió uno de sus ejes de trabajo como "Memoria y Soberanía",
argumentando que "tal vez no sea democracia el concepto, sino
soberanía" para restaurar la potencia del campo popular. Vinculó este
reemplazo conceptual directamente con las luchas gremiales y la resistencia al
plan económico, buscando "problematizar" y "argumentar"
contra la pasividad de los discursos oficiales.
Alejandra Solá recogió el desafío intelectual
coincidiendo en el diagnóstico de crisis pero difiriendo en la solución
política. Reconoció que existe una "ambivalencia" y que la gente
siente "bronca" hacia la democracia con razones atendibles ante la
crisis actual. Sin embargo, afirmó con claridad: "Yo personalmente creo
que hay que defender el dispositivo de la democracia y hablar
coyunturalmente... tenemos que retornar a una democracia popular". Su
advertencia fue contundente: abandonar el concepto de democracia es peligroso
porque "si no tenemos democracia, ¿qué? Porque la soberanía tampoco es
nuestra". Su preocupación se centraba en el avance de las derechas que se
"apropian" o "desapropian" de la democracia para destruirla
desde adentro.
Rodrigo Solá intervino explicando que la decisión de
incluir la palabra "Democracia" en el nombre del programa fue
resultado de un debate intenso. Argumentó que el concepto funciona como un
"paraguas mayor" necesario para enfrentar el negacionismo y los
cuestionamientos actuales, permitiendo observar un panorama más amplio de
acciones.
Cora Pauluzzi y Mercedes Quiñones aportaron
matices adicionales. Pauluzzi coincidió en que la situación es problemática
porque las derechas acceden a través de la democracia para destruirla, haciendo
necesario problematizar conceptos como soberanía y estado en estos espacios
académicos. Quiñones, desde una perspectiva más ideológica, se definió como
defensora de una "democracia socialista".
Este intercambio constituye lo que Elizabeth Jelin
denominaría una "batalla por la memoria" y por el capital simbólico
de la transición: una lucha por definir el marco normativo desde el cual se
narra el pasado y se construye el futuro político. El planteo de Pequeño sobre
el "vaciamiento" refleja la preocupación de Pollak por cómo las
memorias oficiales pueden volverse cáscaras vacías si no se anclan en las
luchas presentes.
El punto de acuerdo fue claro: todos coincidieron en que la
democracia actual está bajo ataque y que la universidad debe ser el espacio
para estas reflexiones "estratégicas y duras". Mientras Pequeño
apostó a la soberanía como un concepto más "salteño" y
"popular", la academia se aferró a la democracia como el último
refugio institucional contra el totalitarismo.
5. La Agenda: 50 Acciones por los 50 Años
La agenda programática acordada se estructura sobre la propuesta de "50 acciones por los 50 años", proyectada desde el 24 de marzo hasta el 10 de diciembre de 2026. Los ejes de trabajo se organizan en tres dimensiones fundamentales:
A. Dimensión Archivística y Justicia
El primer eje constituye el núcleo duro del programa y
responde a lo que Pollak conceptualiza como la lucha contra el silencio
impuesto y la fragilidad de las memorias que no logran institucionalizarse.
Resguardo de expedientes federales: Se ratificó el
convenio con la Fiscalía de Derechos Humanos para que la Facultad de
Humanidades sea depositaria oficial de los archivos (Word, PDF, videos,
sentencias) de los 31 juicios de lesa humanidad realizados en Salta. Este gesto
transforma a la universidad en custodio de la memoria judicial provincial.
Sistematización del material "en bruto": Se
acordó un plan integral de catalogación y digitalización del material
audiovisual de los juicios. Esto incluye la integración de los 50 DVDs del
juicio a Miguel Ragone (2011) actualmente alojados en el canal de YouTube de la
Asociación Ragone, que serán procesados por historiadores y comunicadores para
hacerlos accesibles a la investigación.
Colaboración con el Museo Histórico: El museo
aportará capacidad técnica para la conservación preventiva de documentos y la
puesta en línea de fondos documentales, incluyendo archivos personales y
material disperso de la carrera de Antropología. Esta articulación busca
rescatar lo que Pollak denomina "memorias subterráneas" de la vida
cotidiana universitaria.
B. Dimensión Académica y Curricular
Esta dimensión responde a la propuesta de Quiñones de
"transversalización" y constituye el aspecto más innovador del
programa desde la perspectiva pedagógica.
Transversalización de contenidos: Incorporación
sistemática de la perspectiva de derechos humanos en los planes de estudio de
grado y posgrado, detectando y cubriendo vacancias de investigación. Este
proceso implica revisar las currículas de todas las carreras de la Facultad.
Prácticas Profesionales y Reparación: Los estudiantes
de la Maestría en Derechos Humanos y de grado realizarán prácticas
profesionales en el programa, enfocándose específicamente en la reparación de
legajos universitarios de desaparecidos y en la sistematización de la historia
institucional de la propia universidad durante la dictadura.
Formación Docente: Creación de un
"postítulo" específico y materiales pedagógicos para docentes de
nivel medio, con el fin de combatir el rechazo directivo y la falta de
materiales de historia local en las escuelas secundarias. Alejandra Solá
fundamentó esta iniciativa en la experiencia comparada con la Fundación
Salvador Seguí de España.
C. Dimensión de Extensión y Cultura
El tercer eje busca disputar la batalla cultural en el
espacio público, transformando el capital judicial en capital pedagógico según
la conceptualización de Jelin.
Ciclos Artísticos: Organización de festivales,
vigilias culturales, proyectos de muralismo y un ciclo de cine documental con
la participación de figuras como la cineasta Lucrecia Martel. Estos eventos
buscarán producir materiales en "lenguajes accesibles para jóvenes"
(cortos, placas, infografías).
Presentaciones Editoriales: Lanzamiento de libros
específicos sobre la memoria local, incluyendo Sapos de otro pozo (sobre
el exilio) y Lo imposible (30 años de H.I.J.O.S. Salta), además de
producciones sobre la historia de los años 70 en la provincia.
Vínculos Internacionales: Realización de talleres y
seminarios con la Fundación Salvador Seguí (España) sobre gestión de archivos
del movimiento obrero y memorias de la transición, estableciendo redes de
cooperación académica internacional.
Debate sobre identidades: Se acordó incorporar
explícitamente la perspectiva de género y el debate sobre los
"30.400" (visibilizando a la comunidad LGBT+ en las víctimas del
terrorismo de Estado). Fernando Pequeño propuso una "ética del
cuidado" y nuevas masculinidades para reinterpretar figuras como el Che
Guevara, alineándose con la propuesta de Maffía de desafiar las hegemonías
universales.
Acuerdos Operativos Inmediatos
El encuentro concluyó con definiciones concretas para
garantizar la continuidad del proceso:
- Próxima
reunión: 27 de febrero de 2026 para organizar el lanzamiento oficial
previo al 24 de marzo.
- Comunicación:
Creación de una lista de correo institucional y un Drive compartido para
estandarizar las propuestas mediante una "fichita" de registro
común.
- Identidad
Visual: Implementación del logo "50 años, 50 acciones" y
gestión de un membrete oficial para toda la documentación del programa,
garantizando visibilidad institucional.
La Universidad como Trinchera de Soberanía
Documental
El encuentro del 13 de febrero de 2026 en la Facultad de
Humanidades de la UNSa representa un momento fundacional en la batalla por la
memoria en Argentina. A 50 años del golpe de Estado de 1976, este programa
adquiere un significado que trasciende la conmemoración para constituirse en una
política de resistencia académica ante lo que los participantes identificaron
como un "avasallamiento discursivo" del presente.
El mérito central de esta iniciativa radica en su capacidad
de transformar una efeméride en un plan de soberanía documental y educativa.
Como señala Jelin en su trabajo sobre justicia transicional, los procesos de
memoria no se agotan en los juicios ni en los rituales conmemorativos:
requieren de "emprendedores de la memoria" que sostengan la labor de
resignificación del pasado en el espacio público. El Programa MyDDHHUNSa opera
precisamente en esta dimensión, articulando la investigación académica con la urgencia
política de los organismos territoriales.
La propuesta de resguardo de archivos judiciales responde a
lo que Pollak conceptualiza como la fragilidad de las memorias ante el silencio
impuesto por el poder político. La transferencia de los expedientes de los 31
juicios de lesa humanidad desde la órbita judicial a la académica no constituye
un mero trámite administrativo: es un gesto de soberanía epistémica que
garantiza que las voces de las víctimas y los testimonios de los sobrevivientes
no queden a merced de gobiernos "a los que ese material no les
interesa", en palabras de Canela Álvarez. La universidad se transforma así
en el último refugio institucional contra el olvido.
La dimensión curricular del programa —la transversalización
de los derechos humanos en grado y posgrado— representa una apuesta pedagógica
de largo aliento. No se trata solo de agregar contenidos, sino de formar
subjetividades críticas capaces de leer el presente a la luz del pasado
reciente. La creación del postítulo para docentes de nivel medio es
particularmente significativa: busca disputar la batalla cultural en el
territorio donde se forma la conciencia histórica de las nuevas generaciones,
combatiendo tanto las vacancias de formación como los rechazos directivos que
aún persisten en las escuelas.
El debate conceptual entre "democracia" y
"soberanía" que atravesó el encuentro no fue una digresión teórica
sino el reconocimiento honesto de una tensión constitutiva del momento
histórico. La defensa del "dispositivo democrático" que planteó
Alejandra Solá frente a la propuesta de "soberanía" de Fernando
Pequeño refleja posiciones legítimas dentro del campo popular ante un sistema
político que muchos perciben como degradado. Que la universidad se constituya
en el espacio donde estas discusiones "estratégicas y duras" puedan
darse sin censura es, en sí mismo, un acto de resistencia democrática.
La inclusión explícita de la perspectiva de género y la
visibilización LGBT+ en la cifra de "30.400" representa una
actualización necesaria de la memoria. Como propone Maffía, las nuevas
subjetividades políticas no pueden quedar fuera del relato histórico sin
empobrecerlo. La propuesta de Pequeño de una "ética del cuidado"
frente a la "ética del odio" busca construir masculinidades
alternativas y ampliar el espectro de identidades reconocidas en la lucha por
los derechos humanos, dando cuenta de sujetos históricamente excluidos de los
juicios y relatos oficiales.
En el contexto de los 50 años del golpe, el Programa
MyDDHHUNSa se inscribe en la tradición de la justicia transicional
latinoamericana, pero con una particularidad: opera en un momento de reflujo de
las políticas de memoria a nivel estatal. Esto le confiere una responsabilidad
adicional. Como advirtió Fernando Pequeño, "si no hacemos presente al
estado, las luchas mueren con sus actores". La universidad asume así el
rol de garante de continuidad de una lucha que las organizaciones sociales ya
no pueden sostener en soledad ante la hostilidad gubernamental.
La agenda de "50 acciones por los 50 años" no es
un catálogo de eventos sino una estrategia integral que combina rigor
académico, compromiso político y creatividad cultural. Desde la sistematización
de archivos judiciales hasta los murales callejeros, desde los seminarios
internacionales hasta los postítulos docentes, cada acción responde a la
convicción expresada por Mercedes Quiñones de que la universidad debe
"salir de sus muros" para ganar fuerza política ante el
desfinanciamiento y el ataque discursivo.
El Programa de Memoria y Derechos Humanos de la UNSa
representa, finalmente, lo que podría denominarse una "pedagogía de la
resistencia": la voluntad de transformar el dolor histórico en
conocimiento crítico, el expediente judicial en herramienta pedagógica, la
memoria subterránea en conciencia colectiva. En un país donde el negacionismo
gana terreno y donde las políticas de memoria son cuestionadas desde el poder,
iniciativas como esta constituyen trincheras de dignidad democrática.
A 50 años del golpe que intentó borrar la memoria y
aniquilar el pensamiento crítico, la Facultad de Humanidades de Salta demuestra
que la batalla cultural no está perdida. Que 15 personas hayan dedicado una
tarde de febrero a diseñar meticulosamente un programa de 50 acciones es, en sí
mismo, un acto de fe en el futuro. Como escribió Rodolfo Walsh en su carta
abierta, "estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su
infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta".
Cincuenta años después, la universidad pública sigue haciendo llegar su
palabra, su memoria y su compromiso con la verdad. Esa es su más alta
contribución a la democracia.
[1]
Orden Claude: A partir del texto que te adjunto. Construye un informe de
divulgación que exprese el clima, la espacialidad y el diálogo entre los
interlocutores en la Sala de Reuniones de la Facultad de Humanidades de la U N
Sa. Anticipa un resumen breve del delineo de una posible agenda y desarrollala
al final del informe. Respeta el siguiente orden: 1.- presenta la reunión
general; 2.- presenta a los interlocutores y el argumento central de su
intervención; 3.- presenta los archivos
de los juicios, con lo presentado por Solá y Álvarez y destaca el aporte de
Fernando Pequeño Ragone desde la Asociación Miguel Ragone; 4.- presenta las
expresiones sobre “Soberanía” y “Democracia”; 5.- Desarrolla la agenda.
Establece relaciones con las consideraciones teóricas presentes en el informe.
Construye un cierre meritando la importancia de este Programa y las acciones
propuestas en el contexto de los 50 años del Golpe, la justicia transicional y
la batalla cultural.






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