SEGURIDAD, EXCLUSIÓN Y DERECHOS HUMANOS: REFLEXIONES Y PROPUESTAS SOBRE EL CONFLICTO DEL Bº HERNANDO DE LERMA

El día jueves 25 de abril se llevó a cabo la tercera reunión en el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta para la elaboración de una respuesta que brinde soluciones posibles y efectivas a la problemática que atraviesa el Barrio Hernando de Lerma en relación a la oferta de la actividad sexual en sus calles, una problemática que afecta especialmente a dos grupos: los vecinos y las personas que desarrollan la actividad.

Fernando Pequeño, presidiendo a la Asociación Miguel Ragone, exponiendo en el debate iniciado en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta.

En este último encuentro se han evidenciado que entre ambos grupos existen acuerdos en relación a lo poco conveniente del lugar para desarrollar la actividad sexual. En tal sentido, mientras los escasos Concejales interesados en la problemática, los vecinos y las personas vulneradas por la prostitución focalizan a la problemática como una cuestión de relocalización en los usos de un espacio en la ciudad, desde la Asociación Miguel Ragone –en sintonía con el INADI Salta– se busca introducir y sostener el interés de los legisladores y de los propios vulnerados sobre la necesidad de luchar por políticas públicas de seguridad e inclusión a través de las cuales el Estado garantice los derechos humanos, tanto de los vulnerados como de los vecinos. Una garantía que será posible solo a partir de medidas inmediatas de atribución de recursos vitales mínimos a quienes no cuentan con un ingreso para autosustentarse (como lo son los planes de ayuda económica del Ministerio de Trabajo) y el cese inmediato del uso de la fuerza discrecional por parte de algunos policías que no responden a las actuales políticas de la cúpula policial en relación al tema.

La problemática de fondo conduce a un serio análisis y a un gran compromiso político por parte de los legisladores provinciales para derogar los artículos del Código Contravencional que sustentan el disciplinamiento discrecional de la autoridad policial bajo la figura de “escándalo en la vía pública”.

Representantes de la comunidad trans y vecinos buscando soluciones a la problemática.

Si bien se hizo referencia a la urgencia de derogar artículos específicos del Código Contravencional por tratarse de afrentas a los DDHH y la Constitución como también  a encontrar un espacio donde las travestis puedan dedicarse a su actividad con seguridad y sin el acoso policial, desde la asociación Dr. Miguel Ragone se impulsó la propuesta de que estos pedidos deben ser acompañados de exhortaciones y propuestas dirigidas al estado provincial sobre verdaderas políticas públicas de inclusión social para la comunidad travesti que se encuentra involucrada en esta situación. Esta inclusión debe contemplar que de manera cierta se promuevan y defiendan la totalidad de los derechos de estas personas que por sobre todo tipo de prenociones y prejuicios descalificantes son plenas sujetos/as de Derechos por ser ciudadanas de un país que ha hecho de los Derechos Humanos un estilo de vida que garantiza la democracia participativa.

Cuando la prostitución evidencia la exclusión

El fenómeno de la prostitución condensa varios significados debido a que contiene en sí diferentes aspectos tales como clase social, etnia, género, edad, combinados en un espacio urbano que actúa a manera de mercado sexual. Es por ello que en una primera instancia pareciese que no se pudiesen encontrar las respuestas que satisfagan los pedidos de tranquilidad (y seguridad) de los vecinos y de las personas que se prostituyen, y sobre todo cuando en los debates que se plantean los organismos estatales principalmente involucrados no participan y dejan a la policía como la responsables  de ejecutar acciones amparadas en reglamentaciones que apelan a conceptos moralizantes que no hacen más que profundizar la marginación social de un grupo en particular.

Es por ello que las respuestas no deben limitarse a proponer zonas rojas en espacios urbanos donde los vecinos no se sientan afectados o la derogación de herramientas que justifican y apañan el abuso policial.

Entonces las respuestas tanto para vecinos como para los grupos  señalados como “generadores del conflicto” deben atender  esa diversidad, a esa complejidad, y al sistema estratificado donde las jerarquías sociales operan de manera desigual en la reproducción de las desigualdades, que en nuestra ciudad permea las estructuras de la burocracia estatal por lo que cualquier política pública de inclusión de grupos estigmatizados (por género, etnia, identidad sexual) siempre se enfrenta a barreras difíciles de sortear.

Estos conflicto surgidos a raíz de la prostitución de cuerpos y sujetos disruptivos de espacios urbanos que se pretenden ataviar con ropajes de tranquilidad, decencia y seguridad no hacen más que demostrar una vez más que son la negación de derechos, la inacción y la violencia institucional del estado y sus organismos y la exclusión social los que afectan a la dignidad de quienes se prostituyen como a los vecinos que reclaman por la tranquilidad en sus calles.

 Por eso mismo las respuestas deben atender a todas estas aristas, que hacen de un conflicto aparentemente circunscripto a unas calles un fenómeno heterogéneo, como así también deben demandar la plena participación de un Estado quien es en definitiva el que debe procurar la planea vigencia de los derechos de todos los y las ciudadanos/as.

Como Asociación que promueve y trabaja en concretar los principios rectores de paz e inclusión de los más desfavorecidos defendidos con pasión por el Dr. Ragone, nos hemos comprometido en colaborar y acompañar a cada grupo involucrado en esta problemática con el objetivo de reconstruir los sentidos de ciudadanía democrática e inclusiva necesarios para una sociedad cada vez más justa y mas libre.