Durante la última década se han multiplicado
las iniciativas acerca de la relación entre las empresas y los grupos que
están vinculadas con el ciclo de sus negocios como consumidores, proveedores,
empleados, socios, instituciones, reguladores o sectores impactados por las
operaciones. Muchas de esas actividades se han identificado bajo el nombre de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE): La misma pretende designar una nueva
forma de autorregulación que se incorpora a los planes de negocios; no solo
para cumplir las normas vigentes sino para agregarle compromisos que las
trascienden e implican la transferencia de valor a los grupos de interés.
Desde esta instancia se han promovido
principios y lineamientos en la normativa internacional, como los consignados
en las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OEDC) sobre empresas multinacionales (1996, 2000), el Pacto Global de
Derechos Humanos de Naciones Unidas (2000), y las normas y promoción de
compromisos privados con los Objetivos del Milenio.
También en el escenario multisectorial se
desarrolla la RSE con intervención central de entidades no estatales que
impulsan instrumentos de autorregulación como los Principios Voluntarios en
Seguridad y Derechos Humanos (PVSDH), la Iniciativa para la Transparencia de
las Industrias Extractivas (EITIE), los Principios Ecuatoriales, la Iniciativa
del Reporte Global (GRI), o la formulación de la ISO 26000 que se inició en
2004 y culminó en 2010 ofreciendo una guía de referencia avalada por
organizaciones interesadas de todos los continentes.
En definitiva, la RSE se propone formular
planes del desarrollo de las empresas, con enfoque de derechos humanos.
Los criterios sobre “debida diligencia” de las
empresas en su responsabilidad en derechos humanos son de gran interés para
entender la ruta emprendida desde Naciones Unidas para este propósito. En
virtud de la obligación de respetar los derechos humanos se destaca la
importancia que las empresas se doten de políticas detalladas en la materia e
incluyan los derechos humanos integralmente en la evaluación de impactos, sin
limitarse a los asuntos ambientales y sociales. Y fundamentalmente, que formulen
planes específicos de respuesta a los estudios de impacto. Además, la debida
diligencia, reclama que el respeto por los derechos humanos se integre en todas
los dominios de organización, actividad o procesos en la empresa y se adopten
procedimientos de vigilancia y control específicos.
Es precisamente por ello que adquiere importancia
el proceso convocado por la Organización Internacional de Normalización para
la formulación de una norma ISO sobre RSE. Organismo internacional conocido por
las Normas ISO en la certificación de comportamientos virtuosos de empresas
en muchos aspectos de la actividad productiva.
En el marco de las ISO 14001 y 9000 relativas
a normas ambientales han sido certificadas 1.106.000 empresas en el mundo. De
modo que una vez adoptada la Guía de responsabilidad social empresaria (RSE) como
un instructivo de referencia para buenas prácticas de las organizaciones,
marcará pautas en definiciones, temáticas e incorporación en los planes de
negocios. Por la amplitud de las redes de organizaciones empresariales, gubernamentales,
sindicales, ONGs y académicas, que involucra en todos los continentes, la ISO
26000 será en la próxima década una privilegiada referencia internacional en
materia de responsabilidad social de organizaciones y, en particular, de
empresas.
El enfoque de derechos humanos es asumido en
la ISO 26000 como un articulador de la gestión de las organizaciones. Toma como
principio cada derecho individual para el cumplimiento de los derechos humanos.
Las acciones, políticas y operaciones de una organización deberían esforzarse
hacia el cumplimiento de esos derechos. Un enfoque de tal naturaleza es crucial
para la gestión de la organización asegurando su responsabilidad social. La
implementación de este enfoque involucra desarrollar tanto políticas generales,
como prácticas de gestión específicas.
Un primer paso, es un compromiso a nivel ejecutivo,
para promover y proteger los Derechos Humanos. Para ser efectivo, esto debería
ser comunicado, tanto públicamente, como internamente, a los empleados. Es
vital que el compromiso y las políticas, debieran irrigar todas las prácticas
de toda la organización.
Las Políticas pueden ser desarrolladas para
guiar las acciones de la gerencia, en áreas especialmente sensibles al abuso de
los Derechos Humanos. Políticas para todas las áreas de gestión deberían ser consideradas,
pero una atención particular se le puede prestar a la evaluación de nuevos
proyectos, a la cadena de suministro, a proyectos relacionados al sector
extractivo, a sitios de seguridad, a estrategias para zonas de conflicto y
operaciones en áreas políticamente inestables.
Adicionalmente a las operaciones al interior
de la propia empresa, la ISO 26000 solicita a las organizaciones considerar el
cómo promover y proteger los Derechos Humanos en su esfera de influencia más
amplia. Dos importantes áreas acá son la cadena de suministro y el gobierno, y
la relación con otras entidades privadas o gubernamentales interesadas en la
regulación de las acciones con enfoque en la preservación y extensión de
derechos.
Los derechos humanos están interrelacionados y
son inseparables. Las organizaciones necesitarán evaluar, cuidadosamente,
cómo pueden cumplir con sus responsabilidades en derechos humanos. Una
estrategia transparente puede ser desarrollada reconociendo la
interdependencia de los derechos humanos, pero focalizándose en los temas más
urgentes para la organización, o en aquellos que pueden tener mayor impacto.
La participación de cinco gobiernos, dieciocho
compañías extractivas de recursos y energía y ocho de las más importantes ONGs
internacionales defensoras de derechos humanos en el núcleo motor de los
Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos; destaca la importancia
de la convocatoria de la RSE y la expectativa que se ha despertado sobre sus
desarrollos prácticos, en materia de la relación empresas – desarrollo
económico – derechos humanos. Particularmente la iniciativa de los Principios
Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos (PVSD) fue emprendida en diciembre
de 2000 como respuesta a conflictos en distintas partes del mundo asociados al
comportamiento de fuerzas de seguridad de compañías petroleras y mineras.
La Norma internacional ISO 26000, Guía sobre
responsabilidad social, ofrece una guía global pertinente para las
organizaciones del sector público y privado de todo tipo, basada en un consenso
internacional entre expertos representantes de las principales partes
interesadas, por lo que alienta la aplicación de mejores prácticas en responsabilidad
social en todo el mundo.
Está diseñada para ser utilizada por organizaciones
de todo tipo, tanto en los sectores público como privado, en los países
desarrollados y en desarrollo, así como en las economías en transición. La norma
les ayudará en el esfuerzo por operar de la manera socialmente responsable que la
sociedad exige cada vez más.
Para las organizaciones la sostenibilidad de
los negocios significa no sólo el suministro de productos y servicios que
satisfagan al cliente, haciéndolo sin poner en peligro el medio ambiente, sino
también operar de una manera socialmente responsable. La presión para hacerlo
proviene de los clientes, consumidores, gobiernos, asociaciones y el público en
general. Al mismo tiempo, líderes organizacionales con visión de futuro reconocen
que el éxito duradero debe basarse en prácticas de negocio creíbles y en la
prevención de actividades, tales como la contabilidad fraudulenta y la
explotación laboral.
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